De cara a los problemas económicos que atosigan a los organismos operadores, es conveniente adoptar algunas medidas tales como adecuar el marco legislativo del agua y su aplicabilidad, con objeto de que logren su autosuficiencia económica y técnica.
Los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que día con día otorgan a millones de mexicanos los organismos operadores tienen grandes deficiencias que afectan a toda la población, pero de manera muy significativa a los sectores más desprotegidos de México, principalmente por las siguientes causas:
- Insuficiencias en la operación de sistemas las más de las veces obsoletos, lo que impide una adecuada prestación de los servicios.
- Falta de mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de agua y saneamiento.
- Ineficiencia en las gestiones de organización, técnica y comercial.
- Insuficiente captación de recursos económicos, ocasionada por la escasa disposición de pago de los servicios por parte de los usuarios.
- Estructuras y niveles tarifarios que no reflejan los costos reales de la operación necesaria para la prestación del servicio.
- Endeudamiento excesivo por falta de liquidez.
- Falta de continuidad de sus administraciones y poca profesionalización de su personal.
- Injerencia de factores sociales y políticos en decisiones que deberían tener un sustento puramente técnico-administrativo al interior de los organismos.
Esta problemática se recrudece al empezar a resentirse en el presente siglo el agotamiento de las reservas de recursos hídricos debido a los efectos producidos por el cambio climático, la sobreexplotación de los acuíferos, el acelerado crecimiento de las poblaciones, el aumento de la demanda urbana a consecuencia de las migraciones del campo a la ciudad, el cambio de actividades primarias hacia sectores terciarios y la presión que se deriva del escaso control sobre el uso y manejo del agua para consumo humano, que ocurren principalmente en actividades económicas agropecuarias e industriales.
El agua para uso doméstico y residencial es un tema crucial en la agenda pública debido a la demanda creciente de servicios de agua potable y saneamiento. De no tomarse las medidas necesarias con la implementación de efectivas políticas y programas, de acuerdo con la extensa problemática citada, en los próximos años los organismos operadores enfrentarán fuertes desafíos para estar en condiciones de proporcionar agua a cada vez más personas con menos recursos.
De cara a los problemas económicos que atosigan a los organismos operadores, es conveniente adoptar algunas medidas tales como adecuar el marco legislativo del agua y su aplicabilidad, con objeto de que logren su autosuficiencia económica y técnica.
Es necesario también ahondar en el tema sustantivo del exceso de personal en sus nóminas, en su mayoría con un promedio de empleados por toma muy por arriba del que tienen los organismos con desempeño eficiente –muy pocos, por cierto– que se localizan en ciertos estados del país. Ese personal además carece de capacidad técnica, administrativa, financiera y humana, y generalmente se encuentra asignado a áreas no sustantivas.
Sectores y su papel
En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo para lograr que más personas tengan acceso a los servicios de agua y saneamiento. Aun así, según datos de la encuesta intercensal 2015 del Inegi, la proporción de hogares sin servicio de agua entubada alcanzó 25%, y 11% no tenía acceso a fuentes seguras, en tanto que en drenaje sanitario el 17% todavía usaba fosa séptica y 6.5% no contaba con este servicio o practicaba el fecalismo al aire libre, lo que da cuenta del largo camino que falta por recorrer en materia de cobertura de servicios.
Estamos inmersos en un proceso de transición del cual no podemos abstraernos, y reconociendo el entorno económico nacional, que hace necesario contar con presupuestos austeros y responsables para los años por venir, es necesario replantear la manera de hacer las cosas, es decir, renovarse.
En nuestro país, el sector de la construcción, y en especial la rama hidráulica, son pioneros en cuanto a innovación e implementación de tecnologías que posibilitan el acceso de las personas a los servicios de una manera amigable con el ambiente, como puede comprobarse en el día a día con las grandes obras como presas, plantas para tratamiento y acueductos; además, el sector destina importantes recursos, tanto financieros como de logística e infraestructura, a la capacitación de los profesionales que lo integran.
Sin duda esto es de gran importancia para avanzar en la solución de la problemática, pero no es suficiente, pues se necesita la concurrencia de otras instancias y otras competencias.
La reforma energética incluyó una serie de cambios legales encaminados a reconocer los costos reales de la generación de la energía eléctrica en el país, con el propósito de evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuviera pérdidas por este concepto. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) creó una nueva fórmula para calcular el costo de la electricidad conforme a las condiciones de generación, transmisión y distribución por zonas. El resultado es una tarifa final con un componente fijo, que incluye gastos de mantenimiento y ampliación de la red de transmisión, entre otros, y un elemento variable que depende del costo de generación. Es en este último donde más se han visto los altibajos, que han redundado en incrementos de hasta 50% en la facturación para usos industrial y comercial en los últimos seis meses, con respecto a lo cual el empresariado mexicano ha advertido de riesgos macroeconómicos.
El mayor costo de la generación se debe en buena parte a los aumentos de precios de los insumos como el combustóleo, así como a los problemas en la red de transmisión, en el suministro de gas natural y en la generación hidroeléctrica.
Los costos de mantenimiento de la red cargan, además de los costos normales, con las pérdidas de la CFE (los robos de electricidad o las cuentas incobrables), lo que encarece la facturación. Pero quizá lo que produce un mayor impacto es la falta de inversión en infraestructura para una generación y transmisión más eficientes.
De acuerdo con estimaciones de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), las tarifas eléctricas representan en México el 60% del costo de operación de los sistemas de agua potable y saneamiento; eso las convierte en su principal costo y representa la variable más relevante para el cálculo del costo total de operación y, en su caso, para el cálculo de las tarifas de agua, drenaje y saneamiento.
Sin duda es indispensable que se procure la eficiencia y calidad del servicio de energía eléctrica, lo cual será de beneficio general. Sin embargo, no se encuentra equidad en algunas disposiciones del Código de Red o en el caso del factor de potencia, en el que para poder cumplir las nuevas disposiciones es necesaria la inversión de recursos económicos para la instalación de equipo moderno automatizado y de mayor capacidad que aquel con el que actualmente se cuenta y que fue diseñado para cumplir con el esquema de facturación de la CFE, el cual fija lineamientos diferentes de los requeridos por la CRE.
Si bien existe la posibilidad de recurrir a tecnologías alternas como las granjas con paneles solares o la generación mediante microturbinas, éstas requieren inversiones, y el porcentaje de energía que aún debe pagarse a la CFE sigue siendo significativo para los ingresos de cualquier sistema.
El rubro de los recursos federales que se canalizan a los organismos operadores a través de la Conagua despierta gran preocupación, ya que ha mostrado una disminución consistente desde los 52 mil millones de pesos autorizados a ella en 2014 hasta los 19 mil millones de pesos propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, entre los que se cuentan los fondos destinados a agua potable, drenaje y saneamiento que, de acuerdo con lo discutido en la Cámara de Diputados el pasado 19 de diciembre, apenas alcanzarán 15% de las previsiones presupuestales de años anteriores, con lo que los estados habrán de proporcionar los servicios a todos los usuarios de la República.
La ANEAS ha estado muy atenta y activa gestionando en ambas cámaras del Congreso de la Unión el incremento de los recursos asignados a la Conagua, para lo cual cuenta con el invaluable apoyo de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, que le ha dado acompañamiento ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y espera obtener una respuesta favorable que permita a los organismos operadores contar con recursos a la altura de sus capacidades operativas y al menos en el nivel mínimo para satisfacer las necesidades de sus usuarios.
Es de gran importancia dar certidumbre jurídica a las inversiones promoviendo la participación del capital privado en diversas etapas en la prestación de los servicios y conservando la plena rectoría del Estado, lo que garantizará que no se conviertan en empresas con fines de lucro y se destierre de manera definitiva la malentendida idea de que esto es una forma disfrazada de privatización de los servicios.
Para lograr lo anterior, es también necesaria la promulgación de una nueva y moderna Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, armonizando con ella los marcos legales estatales, donde se promueva la ciudadanización de los órganos de gobierno de los entes prestadores de los servicios y se expida una Ley Reglamentaria del artículo 4° constitucional, la cual a su vez garantice el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Los tiempos actuales, con grandes y trascendentes cambios anunciados por el nuevo gobierno, establecen importantes áreas de oportunidad en diversos sectores, tanto productivos como de servicios. Es en estos términos que el sector de agua y saneamiento se encuadra en un ámbito sin duda estratégico, y no menos cierto es que en un futuro próximo podría considerarse de seguridad nacional.
Con el gran compromiso de representar y ser portavoz de los organismos operadores de agua en el país, y con la responsabilidad que este liderazgo conlleva, la ANEAS asume la tarea de revisar los temas de la agenda nacional, tales como:
- Fortalecer el funcionamiento de los organismos de cuenca con una mayor participación de la sociedad civil organizada para la toma de decisiones.
- Establecer estrategias y programas para la conservación, rehabilitación y ampliación de la infraestructura existente, en apoyo a los estados y municipios en situación crítica y a los que enfrentan fuertes riesgos de daños en su ecología, con prioridad al tema del saneamiento y la atención de tantas plantas para tratamiento de agua que en la actualidad se encuentran fuera de operación.
- Reforzar los programas de agua limpia y de cultura del agua, con objeto de propiciar mayor calidad del servicio y mejor uso y manejo del agua para consumo humano a través de la concienciación de los usuarios.
- Fortalecer las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras para avanzar en la profesionalización y continuidad de quienes laboran en los organismos operadores.
- Evaluar los avances en la Agenda del Agua 2030, con el propósito de realizar los ajustes que se requieran para estar en sincronía con las directrices y condiciones actuales.
Aun el cumplimiento de los anteriores enunciados no elimina la perspectiva del difícil panorama que se vislumbra, pero indudablemente no comenzar de inmediato a trabajar en ellos asegurará que el día de mañana haya condiciones todavía de más urgente atención.
Para concluir, me permitiré citar una frase de José Eduardo Mestre Rodríguez que a no dudarlo describe el espíritu del sector y el servicio: “Saber de agua no sólo le corresponde a la Conagua, a los gobiernos y los organismos operadores; es derecho y responsabilidad de todos”.
Fuente: Texto publicado en: Revista Mexicana de la Construcción RMC 637 Enero-Febrero 2019. Página 30-34. Disponible en https://issuu.com/helios_comunicacion/docs/rmc_637
Arturo Jesús Palma Carro
Presidente del Consejo Directivo de la ANEAS de México.
Imágenes: Unsplash.
